El Consejo Europeo adoptó el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), el 14 de mayo de 2024. Este acuerdo engloba un conjunto de medidas jurídicas que establecen un nuevo marco legal para la Unión Europea en el campo de la migración y la protección internacional. Para conocer mejor esta novedad, unos días después, el 22 de mayo, el Área de Acción Social de la Institución Teresiana en España organizó un encuentro online que contó con la intervención de Patricia Fernández Vicens, abogada y conocida defensora de los derechos humanos de las personas migrantes.
Marga Usano, miembro del equipo dinamizador del Área Social de la IT en España, se encargó de presentar este encuentro titulado “Visión crítica del Pacto Europeo para la reglamentación de las personas inmigrantes”, al que se unieron virtualmente más de 130 personas desde distintas partes del mundo. En primer lugar, Usano puso en contexto a los asistentes y a continuación dio paso a Patricia Fernández.
Inmigración: ¿un problema de gestión?
Tal y como explicó la abogada, el PEMA se gesta en 2015 como consecuencia de los desplazamientos de personas a Europa generados por la guerra de Siria. En este momento, la Unión Europea empieza a percibir la inmigración como un problema de gestión. Sin embargo, varias organizaciones y expertos en derechos humanos aseguran que la reforma pactada implica riesgos para el derecho de asilo además de poner el foco en medidas relacionadas con la externalización de fronteras y el retorno a terceros países.
Refugiados sirios @UNHCR/Hameed Maarouf.
Refugiados sirios @UNHCR/Priscilla Gracinda Gomes.
Desde el punto de vista de la abogada, a pesar de que la intención formal del PEMA es preservar el asilo y establecer vías ordenadas y seguras para la inmigración, lo cierto es que “si analizamos el texto legal en los detalles, realmente se dificulta la protección de las personas vulnerables”. Igualmente, aseguró que se observa una “traición a uno de los valores fundamentales de la UE, la fraternidad, que está reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos. Un valor que no solo es extraordinario, sino también jurídico”, añadió.
A continuación, expuso cuáles son los 10 instrumentos legales que forman el PEMA, es decir, nueve reglamentos y una directiva.
Reflexiones
Por último, se desarrolló un breve debate donde se plantearon diversas cuestiones. Algunas de ellas, se refirieron a la aclaración de ciertos conceptos jurídicos, pero, en paralelo, surgió una reflexión. Así, se escucharon propuestas sobre cómo avanzar, qué se puede hacer y de qué forma actuar para garantizar a las personas que llegan a las fronteras europeas una respuesta ordenada, sostenible y respetuosa con los derechos humanos.
En este sentido, Patricia Fernández, manifestó que la fecha límite de aplicación del PEMA es julio de 2026. Aunque se dispone de un pequeño margen de maniobra hay que posicionarse, articularse y lograr un gran pacto de la sociedad civil española: “Tenemos que decidir cómo evitar que se vulneren los derechos humanos en los espacios de detención que se crearán para las personas migrantes y demandantes de asilo, y cómo hacer para, frente a la hostilidad y el rechazo, generar una cultura de la acogida y la hospitalidad”.
Más información en la página web de la Institución Teresiana en España.
IT en España.
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